La crisis ambiental, otro factor de desigualdad entre hombres y mujeres
Mientras en los documentos elaborados en 1992 ni aparecía la palabra “género”, actualmente hay más de 100 decisiones climáticas que la mencionan. De los 133 líderes que llegaron a la última reunión internacional que sucedió en Dubái, sólo 15 eran mujeres. Y si bien cuantitativamente se puede decir que hay más palabras que las mencionan y más mujeres trabajando, cada día se solidifica más la desigualdad entre hombres y mujeres en temas de ambiente.
Es que las leyes no alcanzan para transformar una cultura y un sistema mundial que centra a la mujer como la responsable de las tareas de cuidado y de la crianza, dos puntos centrales para entender fenómenos como la feminización de la pobreza (según la ONU no hay nada más fuerte que garantice que una persona sea pobre que ser mujer) o la brecha salarial (según el mismo organismo, a nivel mundial una mujer gana hasta un 30% menos por realizar la misma tarea que un varón).
En términos ambientales, el panorama no es distinto. Comprender los riesgos e impactos diferenciados del cambio climático en varones, mujeres y LGBTI+ es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Entre las causas que explican el mayor impacto del cambio climático en mujeres y LGBTI+ podemos mencionar: menor acceso a la escolaridad; menores posibilidades de acceder a recursos naturales como la tierra y el agua y a herramientas como las tecnologías de la información y comunicación; limitada participación en los espacios de toma de decisión y planificación para la adaptación al cambio climático, además de bajo o nulo acceso al crédito (ONU, 2020).
La clave para que todas las personas puedan acceder a su derecho humano de una vida sin violencias es la educación y la prevención. La educación no sexista desde edad temprana (en Argentina existe la Ley de Educación Sexual Integral desde el año 2006) y los programas de capacitación como la Ley Micaela, promulgada en 2018 y que apunta a agentes estatales desde jueces, fiscales, fuerzas de seguridad nacional y trabajadores del estado en general. Modificar una cultura es difícil, pero necesario, porque todos y todas merecemos vivir una vida libre de violencias.
